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Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas.

Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas.

Sentencia de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo, 26/2015, reclamar deudas Junta de Compensación por la vía ejecutiva

La Sentencia de la Sala Primera de lo Civil, 26/2015, zanja que, para reclamar las deudas de los miembros de la Junta de Compensación, tan sólo será posible y pertinente acudir a la vía ejecutiva, sin que, por tanto, tenga competencia para ello la Jurisdicción Civil.

Agenda de señalamientos en el TS en la semana del 26 de febrero al 02 de marzo de 2018

El 28 de febrero de 2018 se resuelven los recursos relativos a los gastos hipotecarios

Tribunal Supremo, Sentencia núm. 733/2015, de 21 de diciembre. Urbanizaciones fantasmas.

Novedosa Sentencia por la que el Tribunal Supremo determina que en las compraventas de viviendas regidas por la Ley 57/1968 las entidades de crédito que admitan ingresos de los compradores en una cuenta del promotor sin exigir la apertura de una cuenta especial y la correspondiente garantía responderán frente a los compradores por el total de las cantidades anticipadas por los compradores e ingresadas en la cuenta o cuentas que el promotor tenga abiertas en dicha entidad. En la práctica, esta Sentencia viene a dar cobertura a los compradores de un inmueble cuando aquéllos hubieran entregado un adelanto del precio de compraventa a una promotora luego en situación de insolvencia. El comprador podrá reclamar ahora a la entidad bancaria que no aseguró la garantía al comprador.

Circular 5/2015 de la Fiscalía General del Estado: plazos máximos de instrucción

El art. 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha sido objeto una novedosa redacción operada por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, que modifica de manera notable importantes aspectos del proceso penal. Ya sabemos que la medida más destacada es la limitación de la instrucción a un periodo máximo de seis meses, que sólo podrá prorrogarse en las instrucciones que hayan sido calificadas como complejas. El nuevo sistema, que entró en vigor el pasado 7 de diciembre, se aplicará además a los procesos que se encontraban pendientes en el momento de su entrada en vigor. Ante la entonces inminencia de la entrada en vigor de la reforma, en noviembre de 2015 la Fiscal General del Estado emitió la Circular 5/2015 que ahora adjuntamos a esta entrada y que en sus 28 folios de extensión disecciona los aspectos más relevantes de la reforma o, parafraseando a su propia autora, "las zonas de penumbra del nuevo precepto". Esperemos que su lectura pueda ayudarle -como a nosotros- a esclarecer aquellas zonas de penumbra.

Reglamento (CE) núm. 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004. Derechos del pasajero.

Reglamento (CE) núm. 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) nº 295/91. Derechos de los pasajeros. Versión vigente en el momento de su publicación (09-01-2016)

Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET

Texto íntegro del Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, que supuso la obligación del uso de medios electrónicos entre los abogados y los órganos judiciales para procedimientos iniciados a partir del 1 de enero de 2016. La publicación se realiza con el texto vigente a enero de 2016. Por favor, consulte posibles modificaciones posteriores.

Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Sentencia de 8 de octubre de 2015, Recurso 143 de 2015

Partiendo de la base de que "no puede confundirse la acción de nulidad ejercitada en esta instancia con la acción de nulidad contractual prevista en el Código Civil", la Audiencia Provincial de Tenerife llega a diferente conclusión que el Tribunal Supremo en sus famosas Sentencias núm. 241/2013 de 09 de mayo de 2013 y 26 de marzo de 2015, ya que el amparo de la acción de nulidad de la cláusula suelo ejercitada individualmente en el asunto del que conoce la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife "se encuentra inicialmente en la normativa comunitaria -cuya aplicación es imperativa- acerca de la protección de los consumidores y usuarios, normas que no sólo han sido traspuestas al derecho español, sino que, en la actualidad ya tienen un reflejo jurisprudencial tanto a nivel comunitario como nacional". En una muy cuidada Sentencia la A. P. de Santa Cruz de Tenerife contiene una amplia fundamentación jurídica que le conduce a declarar no sólo la nulidad de la cláusula suelo, sino además su efecto retroactivo absoluto.

Tribunal Supremo, Sentencia núm. 241/2013, de 9 de mayo de 2013. Cláusulas suelo.

Esta Sentencia marca un hito en la Jurisprudencia española por cuanto fue la primera vez que el Tribunal Supremo se pronunció sobre las conocidas como "cláusulas-suelo". Conociendo una demanda en ejercicio de acción colectiva para la cesación de condiciones generales de contratación en defensa de los intereses de consumidores y usuarios interpuesta por Ausbanc Consumo contra el BBVA, Cajas de Ahorros de Galicia y Caja Mar Caja Rural Sociedad Cooperativa de Crédito, el Tribunal Supremo declara la nulidad de las cláusulas suelo que le fueron sometidas a su consideración e incluyó en su desarrollo jurídico -que no en su fallo- un polémico pronunciamiento acerca de la irretroactividad de los efectos económicos de la cláusula suelo.

Tribunal Supremo, Sentencia núm. 139 de 2015, de 25 de marzo de 2015. Cláusulas suelo. Irretroactividad.

En esta Senntencia, la segunda dictada por el Tribunal Supremo en materia de cláusulas suelo y primera en la que se ejercita una acción individual, el TS declara que en casos de nulidad de la cláusula suelo procederá la restitución al prestatario de los intereses que hubiese pagado en aplicación de dicha cláusula pero únicamente a partir de la fecha de publicación de la Sentencia del 9 de mayo de 2013 dictada por el propio Tribunal Supremo. Confirma así la irretroactividad de la sentencia declarativa de la nulidad de la cláusula suelo como excepción a la regla general de la retroactividad de las declaraciones de nulidad de los contratos o de alguna de sus cláusulas. El Supremo encuentra como motivación de la irretroactividad el intento de evitar un trastorno grave del orden público económico (Fundamento Jurídico sexto, apartado 11).

Audiencia Provincial de Jaén, Sentencia núm. 126 de 2014, de 27 de marzo de 2014, Recurso 201 de 2014

La Audiencia Provincial de Jaén declara la retroactividad absoluta de la nulidad de las cláusulas suelo, de manera que el Banco demandado deberá devolver la totalidad de los intereses indebidamente cobrados en lugar de limitarse a devolverlos únicamente desde la fecha de la Sentencia de 9 de mayo de 2013.

Sentencia 705/2015, de 23 de diciembre, del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), sobre nulidad de cláusulas abusivas suscritas por usuarios de Banca. En especial, la atribución de gastos al consumidor.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en su Sentencia 705/2015, de 23 de diciembre, ha declarado nulas por abusivas varias cláusulas insertas en contratos con consumidores de varios bancos. Entre ellas se encuentran la cláusula de vencimiento anticipado, los intereses moratorios, la cláusula suelo, la atribución de gastos de la operación al consumidor y la contratación telefónica.

Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo

El Real Decreto-Ley regula el proceso de devolución de las cantidades indebidamente cobrados por los Bancos a sus consumidores, que podrán presentar sus reclamaciones desde el 20 de enero de 2017. Los Bancos dispondrán de un máximo de un mes para crear los departamentos especializados correspondientes y de un plazo máximo de tres meses para resolver cada solicitud tras su presentación.