Nueva ley del alquiler de viviendas: principales cambios que debes saber.

Contratos de alquiler en Lanzarote

Nauzet Duque Torres, Abogado núm. 517 del Iltre. Colegio de la Abogacía de Lanzarote.

Teléfono 648 04 43 43

Arrecife, 16 de diciembre de 2018.


NUEVA LEY DEL ALQUILER DE VIVIENDAS: PRINCIPALES CAMBIOS QUE DEBES SABER.

El pasado viernes 14 de diciembre de 2018, se aprobó a través de un Decreto-ley (PINCHA AQUÍ PARA DESCARGARLO DEL BOE), la modificación de la normativa que afecta a los arrendamientos urbanos, es decir, los alquileres de vivienda. Vamos a analizar las principales características que van a regir los nuevos contratos de arrendamientos que se formalicen a partir de ahora, que son las siguientes:

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

►Se amplía el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de alquiler de 3 a 5 años, y se amplía la prórroga tácita de 1 a 3 años para personas físicas, en el caso de que el arrendador o el arrendatario no manifiesten su voluntad de no renovarlo.

►En el caso de que la parte arrendadora sea una persona jurídica serán 7 años de contrato obligatoria y 3 de tácita.

►Se establece que no se podrán pactar garantías adicionales a la fianza hasta un máximo de dos mensualidades de la renta, salvo que se trate de contratos de larga duración.

►Los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato irán a cargo del arrendador (en los supuestos en los que el arrendador sea una persona jurídica), salvo aquellos gastos en los que se haya incurrido por iniciativa directa del arrendatario.

►Si hay acuerdo entre propietario e inquilino se podrán realizar obras de mejora de la vivienda sin necesidad de firmar un nuevo contrato.

MEDIDAS FISCALES

●Se establece la exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en la suscripción de contratos de arrendamiento de vivienda para uso estable y permanente. Es decir, se elimina el pago del ITP por parte del inquilino en cualquier CCAA.

●Se elimina la obligación de repercutir el IBI al arrendatario en el alquiler social de vivienda por parte de Administraciones o entes públicos.

●Los Ayuntamientos con superávit podrán destinarlo a promover su parque de vivienda pública.

●Se habilita a los Ayuntamientos la posibilidad de establecer una bonificación de hasta el 95% en la cuota del IBI para las viviendas sujetas a alquiler a precio limitado. Es decir, se trata de una bonificación para el particular que cuenta con una vivienda de protección oficial y que decide ponerla en alquiler, pero a un precio limitado por el Ayuntamiento o la CCAA correspondiente.

●Se establecen las bases y garantías para la definición del concepto de inmueble de uso residencial desocupado con carácter permanente, para la aplicación por parte de los Ayuntamientos del recargo en el IBI establecido en el año 2002.

OTRAS LEYES AFECTADAS

■Se modifica la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal. Se habilita la posibilidad de que, por mayoría cualificada de tres quintas partes de los propietarios, las comunidades de vecinos puedan adoptar acuerdos que limiten o condicionen el ejercicio de la actividad del alquiler turístico de vivienda.

■Para dar mayor protección a los hogares vulnerables y seguridad jurídica en el procedimiento de desahucio de vivienda en alquiler, se modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Una vez el juez ordena el desahucio del inquilino, los servicios sociales pueden interrumpir dicho desahucio en caso de que haya una situación de vulnerabilidad por parte del inquilino y hasta que se le busque una alternativa habitacional. El desahucio se interrumpirá por el plazo de un mes si el propietario es un particular y se paralizará por el plazo de dos meses si se trata de una empresa.

■Se mejora la coordinación entre los órganos judiciales y los servicios sociales competentes y facilitar la adopción de medidas para atender los casos de las familias de menor capacidad económica, vulnerabilidad social o con mayores cargas familiares. Entre ellas, establecer trámites y plazos que ofrecen mayor seguridad jurídica tanto a inquilinos como a propietarios.

En conclusión, estas son las principales características que entrarán en juego a partir de ahora cada vez que se vaya a formalizar un contrato de arrendamiento o alquiler de vivienda.


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