Cesan al responsable de la implantación del proyecto "papel cero" en España

El cese llega tan sólo 22 días después de la puesta en funcionamiento de Lexnet

Octavio Topham Camejo, Letrado núm. 166 del Iltre. Colegio de Abogados de Lanzarote.

Tan sólo veintidós días después de la entrada en funcionamiento de la plataforma Lexnet (un sofisticado sistema de comunicaciones electrónicas entre Abogados y órganos judiciales) en medio de un océano de críticas por parte de la abogacía y de la judicatura, el Ministro de Justicia ha cesado a Luis Bustamante, Subdirector General de Nuevas Tecnologías. Según informó el 22 de enero la Cadena Ser, su nombramiento -que había tenido lugar hace apenas un año- obedecía a la necesidad de coordinar la implantación de la iniciativa "papel cero" en los órganos judiciales de toda España, habiéndole sido asignadas las siguientes funciones: "La planificación estratégica, la dirección y la ejecución de la modernización tecnológica de los juzgados y tribunales, del Ministerio Fiscal y de los registros administrativos de apoyo a la actividad judicial, así como la coordinación de las actuaciones en esta materia con otras administraciones, órganos del Estado, corporaciones profesionales e instituciones públicas". El cese se produce coincidiendo con el estrepitoso fracaso del proyecto.

La información que se había visto suministrando desde hace meses por parte de fuentes oficiales avanzaba la creación de un expediente judicial electrónico que podría ser consultado telemáticamente por profesionales y litigantes, de manera que unos y otros podrían podrían tener una copia íntegra de su proceso judicial al alcance de su teclado ("Catalá promete una Justicia sin papeles en apenas diez meses" -El Periódico, 02/04/2015-, "Catalá ve viable el papel cero en 2016 y algunas Comunidades Autonómas expresan dificultades" -La Vanguardia, 07/10/2015-.

Sin embargo, la realidad se ha empeñado en negar una y otra vez al Ministro. El primer revés llega de la mano de la propia Administración, que contra lo anunciado y como era evidente no implanta el expediente electrónico judicial sino únicamente un sistema de comunicaciones electrónicas entre abogados y órganos judiciales. Es decir, una suerte de correo electrónico evolucionado con el que unos y otros se intercambian comunicaciones: demandas, querellas, denuncias, contestaciones, oposiciones, escritos de trámite, ... y las notificaciones de los Juzgados a los Letrados.

Aunque el sistema viene funcionando sin mayores incidencias y desde hace años para los Procuradores, desde el 1 de enero de 2016 y para aquellos Abogados que por la naturaleza o cuantía de un proceso en concreto no cuenten con Procurador designado resulta obligado que presenten sus escritos y reciban notificaciones a través de Lexnet. Y aquí es donde empieza el lío. Es en este segundo aspecto donde se constata el mayor fracaso de Lexnet, porque ni las plataformas disponibles tienen el rodaje suficiente ni los órganos judiciales se encuentran preparados, ni tampoco lo están las Administraciones públicas ("El nuevo sistema telemático provoca el caos en la Administración de Justicia", eldiario.es, 23/01/2016). En concreto las Comunidades Autónomas, responsables de integrar el sistema Lexnet en sus respectivos territorios, lo que en muchos casos ha resultado complejo (¡y en otros imposible!) debido a que los programas de gestión utilizados por cada Comunidad difiere de las restantes y del que pretende implantar el Ministerio.

Por lo tanto, no sólo ocurre que habiéndose anunciado la existencia de un expediente electrónico en realidad se ha prescindido de momento de éste, sino que la única herramienta implantada en su lugar, Lexnet, ha nacido preñada de múltiples carencias y defectos, con visos de una provisionalidad mayúscula.

De inicio, a escasos días de la entrada en funcionamiento de Lexnet nada menos que tres Comunidades Autónomas (Madrid, Barcelona y Valencia) fueron anunciando paulatinamente la imposibilidad de implantar el sistema en sus respectivos ámbitos geográficos por lo que directamente pospusiaron su entrada en vigor, desoyendo así el mandato legal, que obligaba a todas las Comunidades sin excepción.

En el caso de Madrid (ver "Un problema informático paraliza el plan de justicia sin papeles" -El País, 01/01/2016-), el problema reside en que "los dos sistemas informáticos que conviven en los 534 órganos judiciales que existen en la Comunidad de Madrid -el IUS Madrid y otro más antiguo que aún utilizan algunos juzgados, Libra- no son compatibles con el programa que ha habilitado el Ministerio de Justicia para todas las comunicaciones, el denominado Lexnet".

El cese del subdirector general de nuevas tecnologías no deja contento a los diferentes estamentos jurídicos, que recuerdan las palabras del Ministro (he decidido dar un puñetazo sobre la mesa" para que la implantación del "papel cero" sea una realidad), así como que fue precisamente el Ministro Rafael Catalá Polo quien escogió y nombró a Bustamante como subdirector general, y fue también también el Ministro quien desde mayo de 2015 presidió la comisión "Justicia digital: papel cero" que debía enfrentarse al resto asumido por aquél.

El fracaso de Lexnet no deja de ser la crónica de una muerte anunciada. En un artículo que salió a la luz en la víspera de la entrada en vigor de Lexnet, el diario Público ("El papel cero de Rajoy en los Juzgados causa la alarma entre jueces, fiscales, abogados y procuradores", 31/12/2015) radiografía según comunidades autonómicas cuál iba a ser la situación que finalmente se dio a partir del día siguiente en cada una de aquellas.

En estos primeros veintitres días de enero las salas y pasillos de los diferentes órganos judiciales españoles y su extensión en internet -las redes sociales- han sido primero un hervidero de dudas y temores y luego la constatación palpable del fracaso inicial en la implantación del nuevo sistema, que se ha manifestado en tantos aspectos que difícilmente podríamos dar cabida a todos ellos en este post. El compañero José Muelas Cerezuela se refiería a algunos de ellos como "Lexnet: siete pecados capitales" (José Muelas, 09/01/2016), aunque podríamos añadir como muestra del caos en que se han convertido las comunicaciones esta botonera:

1. Las complejas operaciones informáticas que hay que ejecutar para implantar las herramientas necesarias para firmar electrónicamente los documentos, lo que en el mejor de los casos nos ha obligado a solicitar durante horas el soporte informático que ha puesto a disposición no el Ministerio, sino el Consejo General de la Abogacía Española, cuando no directamente contratar un técnico informático que los instale.

2. La lentitud del sistema, que generalmente demora varios cuartos de hora una operación que normalmente debería ejecutarse en unos minutos.

3. La obligatoriedad de seguir presentando papel en todos aquellos casos -que son mayoría- en que el escrito y sus documentos adjuntos pesen más de diez megas, más aquellos otros en que se produzcan incidencias en el funcionamiento del sistema (que hasta la fecha se cuentan por varias decenas).

4. La demora en tener un documento como "admitido", que normalmente se prolonga durante días.

5. Por no hablar de supuestos ya ciertamente puntuales, aunque no exentos de gravedad, como el de la compañera que comprobó sorprendida -en una clara vulneración de la Ley Orgánica de Protección de Datos- que había recibido dos comunicaciones en realidad remitidas a sendos compañeros, habiendo tenido acceso durante horas a datos de terceros.

Lo de menos ahora es si dimite o no el Ministro Catalá como lo hizo antes que él su antecesor en el cargo, el recordado Alberto Ruiz Gallardón, también escarmentado en público aunque en su caso por "mantenella y no enmendalla" con la aprobación y mantenimiento de las tasas judiciales, una batalla en la que aún anda metida la Abogacía después de que Catalá suprimiera las tasas a personas físicas manteniendo sin embargo las de pequeñas y medianas empresas.

Lo de menos -decimos- es su dimisión porque lo trascendente aquí es si la Administración General del Estado va a corregir las severas deficiencias que presenta el sistema y, si eso sucediera, cuándo dará el segundo y esperemos que más firme paso hacia la verdadera implantación del expediente electrónico judicial, esta vez en un entorno más ágil, seguro, y que genere menos incertidumbre.