La Abogacía se moviliza para pedir al Ministro de Justicia suspender el uso de Lexnet hasta que se garantice la seguridad jurídica

La Presidenta del CGAE anuncia que el Consejo General debatirá la solicitud de la suspensión al tiempo que el Decano de Cartagena impulsa una campaña en Change.org

Octavio Topham Camejo, Letrado núm. 166 del Iltre. Colegio de Abogados de Lanzarote. Arrecife, 8 de febrero de 2016.

La solución era el problema.

Durante la mañana del lunes 8 de febrero de 2016 todo estaba dispuesto para que el Ministro de Justicia, Rafael Catalá, expusiera ante un nutrido auditorio y en presencia de los medios el avance que la plataforma "Lexnet" habría supuesto en su opinión para la Justicia española, que de la mano de esta herramienta habría puesto rumbo a la meta final de "papel cero" en Justicia, anunciada desde hace un año por el Ministerio.

Desde que en enero de 2016 entrara en vigor el R. D. 1065/2015, de 27 de noviembre, y con él la obligatoriedad del uso de la plataforma Lexnet para las comunicaciones entre abogados y órganos judiciales, las redes sociales se han convertido en un hervidero de comentarios sobre la conculcación de derechos -y, más aún, de principios procesales- que el nuevo sistema supone en el día a día del funcionamiento de la Administración de Justicia. Grupos como "Abogados 2.0" (con más de 10.000 usuarios) o el más reciente y específicamente creado para la ocasión "Forum Lexnet Abogacía", que cuenta con más de 1.600 miembros, se han convertido en notarios del derroche de medios que para los abogados y oficinas judiciales ha supuesto la implantación de Lexnet sólo para obtener una mayor ralentización de la Justicia.

El compañero Ángel López publicó recientemente y en su cuenta de Facebook una atinada reflexión que condensa en cuatro párrafos el sentir mayoritario de la abogacía respecto al funcionamiento de la nueva plataforma. Dice así:

"LexNet, es desde el punto de vista de fondo, manifiestamente ilegal y muy posiblemente inconstitucional. Baste decir que el Ministerio se ha apropiado de datos, informaciones y decisiones sobre actuaciones judiciales que única y exclusivamente competen al Poder Judicial.

Para colmo, y desde el punto de vista, operativo, es un auténtico desastre. Una chapuza sin precedentes. No sólo porque la mayoría de los Juzgados no disponen de medios para trabajar con sistema, sino porque su usabilidad, forma de introducción de datos y limitada capacidad, constituye una auténtica carga para abogados y procuradores a los que se convierte en tramitadores y archiveros de documentación judicial y se les obliga a presentar los escritos de en unas condiciones y formas que en modo alguno son cómodas ni les reportan beneficios de tramitación. Muy al contrario, les obliga a contar con especializados equipos dotados complejas configuraciones, complicadas operaciones preparatorias de la documentación, empleo de clasificaciones y codificaciones, que no son admisibles, y menos aún, cuando tras todo ese esfuerzo, el beneficio real para el justiciable es prácticamente inexistente, dado que no existe expediente judicial electrónico y los juzgados acaban funcionando con papel por lo que no se agiliza la Justicia.

Que el Ministro es un incompetente, que quería sacar rédito electoral, vendiendo la falsa visión de la modernización y digitalización de la Justicia, la verdad es que no se me hace extraño.

Lo que no acabo de entender, y quizás escuece más, es que la Abogacía Institucional no haya previsto que esto iba a ocurrir, y a día de hoy siga sin alzar la voz, cuando está viendo como los abogados, a los que representa, no hacen más que perder horas y horas de trabajo con todo esto de Lexnet, y existe caos e inseguridad jurídica general".

Abogacía social Vs. Abogacía institucional

El papel que la abogacía viene desempeñando frente al uso de Lexnet es similar al que ya desarrollara frente a la implantación, uso y abuso de la tasas judiciales por parte del Gobierno de España, que culminó con el cese del anterior Ministro Alberto Ruiz Gallardón ("Relevancia e irrelevancia del Sr. Gallardón, exministro de Justicia", por Verónica del Carpio, 28/09/14) por diversos frentes, entre los que su propio partido citó la movilización profesional contra las tasas judiciales. El éxito del movimiento llegó cuando el sucesor de Gallardón, Rafael Catalá, anunció y llevó a cabo la supresión de las tasas para las personas fisicas, una medida obligada para dotar a la Justicia de un mínimo de coherencia.

No había terminado de articular la supresión de las tasas (éxito sólo parcial, puesto que continúan sangrando e impidiendo la defensa de sus intereses a pequeñas y medianas empresas) cuando el Ministro Catalá metió los dos pies en el charco anunciando el objetivo "papel cero" en Justicia. Lo que vino después es tan conocido que no vale la pena incidir en ello. Baste recordar que la persona señalada por el Ministerio como responsable de la coordinación de Lexnet entre el Estado y las Comunidades Autónomas -Luis Bustamante, Subdirector General de Nuevas Tecnologías- fue cesado de manera fulminante sólo 22 días después de la puesta en funcionamiento de Lexnet, en medio de una tormenta de críticas llovida desde todos los sectores jurídicos: Judicatura, Fiscalía, Abogacía, ...

El mismo run-run que se había venido levantando contra las tasas hasta convertirse en un tsunami se reprodujo desde el 1 de enero hasta no parar. A los grupos "de autoayuda" creados en internet para luchar grupalmente contra las carencias estructurales del sistema ("El muro de las lamentaciones", Canarias 7, 09/02/16) se sucedieron diversas iniciativas particulares, entre las que cabe destacar la que impulsó José Muelas Cerezuelas, Decano del Colegio de Abogados de Cartagena y uno de los pilares en que se sustenta el movimiento #T que en su día se postuló y continúa hoy en la brega contra las tasas judiciales.

José Muelas Cerezuela inicia una campaña en Change.org para solicitar al Ministro de Justicia una moratoria en el uso de Lexnet

Bajo el lema "Suspender Lexnet", Cerezuela promueve la captación de firmas para interesar la suspensión de aquella plataforma hasta que el sistema garantice "la necesaria seguridad jurídica" con que los profesionales del Derecho deben realizar su trabajo. En sus primeros dos días de publicación, la campaña -que se inició el 7 de febrero de 2016- cuenta con más de 2.300 adhesiones, aunque es de esperar que su difusión entre la abogacía española permita obtener otros varios miles de firmas en otros tantos días.

En su iniciativa, Cerezuela se explicaba en los siguientes términos:

Solicitamos del Ministerio de Justicia la adopción urgente de cuantas medidas y disposiciones resulten necesarias para la suspensión inmediata o moratoria de la obligatoriedad para los profesionales de la justicia de la presentación telemática de escritos a través del canal electrónico del sistema Lexnet, facultando a los citados profesionales para su presentación en formato papel, hasta que el correcto funcionamiento del sistema LexNet garantice la necesaria seguridad jurídica con la que los profesionales de la justicia debemos desempeñar nuestra función constitucional de defensa de las partes en toda clase de procedimientos, salvaguardando de este modo el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.

En medio de este clamor social y profesional, la llamada "Abogacía institucional" apenas aparentaba moverse. Pero era un espejismo, ... algunos pasos si se estaban dando.

La Abogacía institucional si nos representa

En sesión celebrada el 5 de febrero de 2016, la Comisión Permanente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados acordaba solicitar al Ministro de Justicia la suspensión inmediata o moratoria de la obligatoriedad para los profesionales de la Justicia de la presentación telemática de escritos a través del canal electrónico del sistema "Lexnet", facultando a los citados profesionales para su presentación en formato papel" hasta que el correcto funcionamiento del sistema garantice la seguridad jurídica.

En el comunicado oficial emitido por el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, la Comisión permanente sintetiza algunas de las carencias estructurales de Lexnet en los siguientes términos:

"Transcurrido ya más de un mes desde la entrada en vigor del Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNet, las deficiencias del sistema, unidas a los múltiples y frecuentes fallos que impiden o ralentizan extraordinariamente el acceso de los profesionales de la justicia al sistema LexNet, con la consiguiente demora o imposibilidad de presentación telemática de los escritos, están impidiendo que los profesionales de la justicia podamos cumplir con la obligación que nos impone el Real Decreto 1065/2015, generando una situación de inseguridad jurídica y riesgo profesional para los mismos que este Consejo de Colegios de Abogados de Andalucía se ve en la necesidad de amparar".

Pero sin duda el mayor espaldarazo a la acción social iniciada por los abogados de nuestro país vino de la mano del Consejo General de la Abogacía Española.

Decíamos al comienzo de este post que "durante la mañana del lunes 8 de febrero de 2016 todo estaba dispuesto para que el Ministro de Justicia, Rafael Catalá, expusiera ante un nutrido auditorio y en presencia de los medios el avance que la plataforma "Lexnet" habría supuesto en su opinión para la Justicia española, que de la mano de esta herramienta habría puesto rumbo a la meta final de "papel cero" en Justicia, anunciada desde hace un año por el Ministerio".

Durante el transcurso de esa rueda de prensa la nueva Presidenta del CGAE, Victoria Ortega, en presencia del Ministro Catalá anunció que los 83 Decanos de la totalidad de los Colegios de Abogados de España tienen previsto debatir y adoptar los acuerdos necesarios para solicitar al Ministerio de Justicia la suspensión provisional del uso obligatorio de la plataforma Lexnet a la vista de las grandes carencias estructurales que el sistama manifiesta.

A la hora del cierre de este artículo la rebelión de la abogacía contra Lexnet es un clamor: anticipándose a la reunión del CGAE del 12 de febrero de 2016 los Colegios de Abogados de Murcia y de Cartagena acuerdan oficialmente solicitar al Ministerio la suspensión de Lexnet.

La última sorpresa han sido las manifestaciones del Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia, que en un comunicado difundido el 9 de febrero de 2016 asegura que el lema "papel cero" no es más que un eslogan electoral del Ministro de Justicia, puesto que las evidentes deficiencias que presenta el sistema no han evitado que los Juzgados incrementen en un 30% el uso del papel desde la implantación de la obligatoriedad de las comunicaciones telemáticas, puesto que como por todos es sabido una vez enviado el documento por Lexnet las oficinas receptoras deben imprimirlo para remitirlo al Juzgado que corresponda, tal como se da a conocer en este artículo: "El SISEJ reclama a Justicia una moratoria parcial para implantar Lexnet con garantías" (Confilegal, 09/02/16).

En este contexto parece inevitable que se imponga la razón y al igual que ocurriera con la supresión de las tasas para las personas físicas, el Gobierno de España -responsable del caos que ha supuesto la precipitada implantación de un sistema claramente inconcluso- se vea obligado a demorar el uso obligatorio de Lexnet hasta que se solventen aquellas graves carencias, algunas de ellas tan graves como las que el propio Cerezuela describía como "Los siete pecados capitales de Lexnet" (José Muelas, 9 de enero de 2016).